La Fiscalía de Perú ha solicitado una pena de 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo, acusándolo de haber cometido delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación pública durante el fallido intento de quiebre constitucional en 2022. Junto a Castillo, la exprimer ministra Betsy Chávez enfrenta una petición de 25 años de prisión, mientras que para Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, se solicitan 15 años.
Este pedido de condena, según informó el diario limeño La República, afecta también a varios exfuncionarios ministeriales, como Roberto Sánchez, Willy Huerta, y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), incluyendo a Manuel Lozada, Eder Infanzón y Jesús Venero. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos es la responsable de presentar las acciones legales contra estas exautoridades del gobierno peruano.
Betssy Chávez, exjefe del gabinete ministerial, actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva por su participación en el fallido golpe de Estado liderado por Castillo. Se le investiga por los delitos de rebelión y conspiración. Según las investigaciones, Chávez y los exministros Huertas y Sánchez habrían coordinado con Castillo y otras personas el intento de golpe.
Un testigo clave reveló que la ex primera ministra tenía planes de presentar un decreto supremo para disolver el Congreso, reestructurar el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, e instaurar un Gobierno de excepción, como reportó el medio local Panorama.
Aníbal Torres, por su parte, también es investigado por su presunta participación en el intento de golpe, aunque logró evitar la prisión preventiva tras pagar una fianza económica. Sin embargo, está sujeto a ciertas restricciones, como no salir de Lima sin autorización judicial y no comunicarse con los demás investigados.
Este caso representa uno de los episodios más controvertidos en la historia política reciente de Perú, donde altos funcionarios del gobierno enfrentan serias acusaciones y posibles condenas largas por intentar alterar el orden constitucional del país.
